El Supremo fuerza al Gobierno a desvelar los algoritmos que usa para repartir ayudas. Se había negado alegando motivos de "copyright"
Publicado el 18/09/2025 por Diario Tecnología Artículo original
El Tribunal Supremo español dictó ayer una sentencia que puede marcar un antes y un después en la transparencia de las administraciones públicas: el fallo obliga al Gobierno a entregar el código fuente de BOSCO, la aplicación que decide quién accede —y quién no— al bono social eléctrico, tras una larga batalla judicial iniciada por Civio, una fundación sin ánimo de lucro que lleva desde 2012 luchando por la transparencia institucional y el acceso a la información pública.
La misión de esta fundación se basa en que los ciudadanos puedan fiscalizar y entender cómo se ejerce el poder. Para ello, en esta era de algoritmos, es fundamental la "transparencia algorítmica"... y el caso de BOSCO es un ejemplo paradigmático de ello.
BOSCO: un algoritmo que decide derechos
BOSCO es el programa que emplea la Administración para decidir automáticamente si un hogar cumple o no con los requisitos del bono social eléctrico, una ayuda que reduce la factura de la luz a personas y familias vulnerables. El problema es que BOSCO no ofrece explicaciones sobre sus resoluciones: simplemente aprueba o deniega la solicitud.
Así, si el programa contiene errores, estos se replican masivamente, afectando a miles de ciudadanos en su derecho a recibir una ayuda básica. De ahí que Civio viniera reclamando desde 2018 (sí, siete años ya) acceso al código fuente, convencida de que el funcionamiento interno de un algoritmo que decide sobre derechos fundamentales debe ser público y escrutable.
Siete años de lucha en los tribunales
La batalla ha sido larga y accidentada:
- 2018: Civio pidió formalmente el acceso al código fuente de BOSCO. El Ministerio para la Transición Ecológica 'respondió' con silencio administrativo.
- 2019: El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno concedió parcialmente la petición, pero negó el acceso al código alegando "propiedad intelectual".
- 2021 y 2024: tanto un juzgado de lo contencioso-administrativo como la Audiencia Nacional rechazaron los recursos de Civio, reforzando los argumentos de opacidad en nombre de la seguridad nacional.
- 2025: el Supremo admite el recurso de casación y, finalmente, da la razón a Civio, estableciendo jurisprudencia.
Las excusas del Gobierno
Hace algo más de un año os contábamos cómo el informe elaborado por el propio Gobierno para negarse a acceder a las peticiones de Civio afirmaba, por ejemplo, que difundir el código de BOSCO permitiría a los periodistas atacar los sistemas informáticos de la Administración, u usarlo para minar criptomonedas. Así lo contaba Civio:
"Además, alega que podríamos utilizar la imagen del Ministerio para estafas como el phishing (sí, la misma imagen que está en todas sus páginas web), extorsiones o chantajes. Y acceder a todas las bases de datos que utiliza, como las de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social (cuando -obviamente- el código no contiene las credenciales que usa BOSCO para acceder a esos sistemas)".
"Pero hay más: la documentación disponible sobre BOSCO aclara que el programa no accede de forma directa, por ejemplo, a los datos de la Agencia Tributaria para comprobar el nivel de renta del solicitante. Para eso está la Plataforma de Intermediación, que ofrece un servicio que encapsula este paso y que está vedado a unos determinados certificados digitales aprobados por la administración".
Lo dicho, excusas obvias para cualquiera con un mínimo de conocimientos de informática, cuyos autores aparentemente confiaban en que los jueces del Supremo carecieran de los mismos.
Los argumentos del Supremo
El fallo del Tribunal Supremo va mucho más allá de BOSCO: sienta principios generales sobre la transparencia en la era digital. Entre sus puntos clave destacan:
- El derecho de acceso a la información es constitucional, inseparable de la democracia y de la fiscalización del poder público.
- La propiedad intelectual no puede usarse como excusa genérica para ocultar un programa público, especialmente cuando este no es un bien de mercado, sino una herramienta administrativa.
- Los riesgos de seguridad deben ponderarse caso a caso: abrir un código puede entrañar vulnerabilidades, pero también puede mejorar la seguridad al permitir su auditoría independiente.
- En una "democracia digital", las administraciones tienen el deber de explicar de forma comprensible cómo funcionan los algoritmos que afectan a los ciudadanos.
Transparencia algorítmica como valor democrático
La sentencia subraya que evitar la opacidad en los algoritmos es esencial para prevenir arbitrariedades y sesgos discriminatorios. En otras palabras, los ciudadanos no pueden quedar a merced de cajas negras que toman decisiones automáticas sin dar explicaciones.
Este principio, recogido ya en la legislación europea y en resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se refuerza ahora en la jurisprudencia española. Y lo hace en un momento en el que los algoritmos gestionan cada vez más ámbitos: ayudas sociales, acceso a servicios, gestión sanitaria, educación o incluso justicia.
Aunque la sentencia se refiere al caso concreto de BOSCO, su alcance es mucho mayor: cualquier aplicación o algoritmo empleado por las administraciones públicas para conceder, denegar o gestionar derechos deberá ser transparente.
De este modo, se abre un camino hacia un nuevo paradigma en el que la tecnología pública no puede ser opaca, porque afecta directamente a la vida de las personas. La transparencia algorítmica deja de ser una aspiración para convertirse en una exigencia jurídica.
Imagen | Marcos Merino mediante IA
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