El Gobierno ha ido dejando pasar regular la supervisión de la 'Big Tech'. Ahora, Bruselas ha decidido llevarle a los tribunales
Publicado el 08/05/2025 por Diario Tecnología Artículo original
La transformación digital ha obligado a los gobiernos a adaptar sus legislaciones para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos en Internet. La Unión Europea, por ejemplo, ha desarrollado todo un conjunto de normativas pioneras, entre las que destaca la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de regular las plataformas digitales.
Sin embargo, España se encuentra actualmente en el punto de mira de Bruselas por no haber implementado completamente esta ley en su propia normativa interna, lo que ha motivado que la Comisión Europea haya interpuesto una denuncia contra nuestro país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Y es que el retraso de España no se ve sólo un problema técnico o burocrático: afecta directamente a la capacidad de proteger a los usuarios, especialmente los más vulnerables, como los menores de edad, y pone en cuestión el compromiso del país con los principios digitales de la UE.
¿Qué es la Ley de Servicios Digitales?
La Ley de Servicios Digitales fue aprobada por la UE en 2022 como parte de un paquete legislativo que incluía también la Ley de Mercados Digitales (DMA). Esta legislación representa uno de los pilares de la estrategia europea para controlar el poder de las grandes plataformas tecnológicas y proteger a los usuarios frente a contenidos ilegales, prácticas comerciales opacas y desinformación.
La DSA introduce obligaciones para grandes plataformas (como X, Facebook, TikTok, Amazon o Instagram) en áreas como:
- Eliminación de contenido ilegal.
- Protección de los menores.
- Transparencia publicitaria.
- Control de la desinformación.
- Evaluación de riesgos sistémicos en plataformas de gran tamaño.
Uno de los elementos clave de la normativa es la creación de la figura del 'coordinador nacional de servicios digitales', que sería el responsable de supervisar el cumplimiento de la ley en cada país miembro.
La situación española
España, a pesar de haber designado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como su coordinador nacional, no ha otorgado aún las competencias necesarias para que este organismo pueda actuar con efectividad. Además, no ha establecido un régimen sancionador que castigue a las plataformas que infrinjan la DSA.
La Comisión Europea ya había advertido a España y a otros países —Polonia, Portugal, Chipre y República Checa— sobre la necesidad de actuar antes del 17 de febrero de 2024, plazo fijado por la DSA para implementar sus disposiciones clave. Ante la inacción, Bruselas ha llevado a estos cinco países ante el TJUE.
Las consecuencias del incumplimiento
La Comisión Europea ha sido clara: la falta de acción por parte de España pone en riesgo la aplicación uniforme de la normativa en toda la Unión, debilitando la capacidad de respuesta ante abusos digitales. Si el TJUE falla en contra del Gobierno español, puede imponer sanciones económicas, especialmente si continúa el incumplimiento tras la sentencia.
En el caso de España, el Ejecutivo trató de corregir esta situación a través del llamado 'decreto ómnibus', que contenía una disposición para dotar de funciones a la CNMC. Sin embargo, el decreto fue rechazado en el Congreso de los Diputados, impidiendo que la medida entrara en vigor.
Como alternativa, el Gobierno ha incluido la regulación en el Anteproyecto de Ley de Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación, actualmente en fase de tramitación. Esta norma prevé sanciones que oscilan entre 30.000 euros para infracciones leves hasta el 6% del volumen de negocios anual de las plataformas infractoras.
Imagen | Marcos Merino mediante IA
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