El panorama político ecuatoriano se ha visto sacudido por un anuncio de gran calado: el presidente Daniel Noboa ha convocado a los 14 millones de ecuatorianos a una Asamblea Constituyente. Esta iniciativa, lanzada este domingo, no es una mera formalidad; representa un movimiento audaz que busca redefinir las bases del Estado y abordar problemas estructurales que han aquejado al país por décadas. La pregunta que resuena en cada rincón es clara: ¿qué busca Noboa con esta propuesta y por qué la lanza en este preciso momento?
La noticia, si bien esperada por algunos sectores, ha generado un debate intenso sobre la viabilidad, pertinencia y los posibles alcances de un proceso constituyente en un país ya polarizado y en medio de una crisis de seguridad sin precedentes. El camino hacia una nueva Constitución es largo y complejo, lleno de escollos y oportunidades, y Ecuador se prepara para enfrentar uno de los desafíos políticos más importantes de su historia reciente.
El complejo contexto político ecuatoriano y la convocatoria
Desde su llegada a Carondelet en noviembre de 2023, el presidente Daniel Noboa ha gobernado en un escenario de alta tensión. Heredó un país sumido en una profunda crisis de seguridad, con el crimen organizado expandiendo sus tentáculos y desafiando abiertamente al Estado. Esta situación llevó al Gobierno a declarar un "conflicto armado interno" y a militarizar las calles, una medida que, aunque popular en un inicio, expone la fragilidad de las instituciones existentes.
En este marco, Noboa impulsó recientemente un referéndum y consulta popular con 11 preguntas, enfocado principalmente en temas de seguridad, justicia y empleo. La victoria del "Sí" en la mayoría de las preguntas le otorgó un significativo respaldo popular y un capital político que ahora parece querer capitalizar con la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Este es un paso mucho más ambicioso que cualquier reforma legislativa o constitucional por vía de enmienda, ya que implica la creación de una nueva carta magna que reemplace la actual, vigente desde 2008.
Una apuesta estratégica de Daniel Noboa
El llamado a una Asamblea Constituyente no es una decisión tomada a la ligera. Se trata de una movida política de alto riesgo y de enorme potencial transformador. Desde mi perspectiva, la convocatoria de una Asamblea Constituyente justo después de una victoria en el referéndum podría interpretarse como una capitalización del capital político obtenido. Es un momento en el que el presidente tiene un respaldo popular significativo, lo que le otorga una ventana de oportunidad para impulsar reformas de gran calado que de otra manera serían difíciles de lograr a través de los canales legislativos tradicionales.
La Constitución de 2008, promulgada durante el gobierno de Rafael Correa, es vista por algunos sectores como un texto que concentró excesivo poder en el Ejecutivo y que, en ciertos aspectos, ha sido ineficaz para contener la corrupción y el avance del crimen organizado. Otros, sin embargo, la defienden como un documento progresista que amplió derechos. La propuesta de Noboa, por tanto, se inserta en esta pugna ideológica y busca un nuevo "pacto social" que, según el Gobierno, sea más acorde con las realidades y desafíos actuales del país.
Esta estrategia también podría servir para proyectar a Noboa como un líder que no teme tomar decisiones drásticas para el bien del país, reforzando su imagen como un "outsider" que busca soluciones no convencionales. La percepción de inacción o de reformas paliativas no sería suficiente para la magnitud de los problemas que enfrenta Ecuador, y una Asamblea Constituyente se presenta como la solución definitiva a males endémicos.
Los objetivos declarados para la nueva carta magna
Cuando el presidente Noboa habla de convocar a una Asamblea Constituyente, los objetivos que se delinean son ambiciosos y multifacéticos. Buscan, en esencia, reestructurar la arquitectura del Estado ecuatoriano para hacerlo más eficiente, más justo y, crucialmente, más resistente a las amenazas que lo aquejan.
La lucha frontal contra la inseguridad y la corrupción
El primer y más evidente objetivo es dotar al Estado de herramientas constitucionales más robustas para combatir la creciente inseguridad y la corrupción endémica. Esto podría implicar una serie de cambios profundos. Por un lado, se podría buscar fortalecer las capacidades de las fuerzas armadas y la policía, dándoles un marco legal más claro y amplio para operar en la lucha contra el crimen organizado, que ha sido categorizado como terrorismo. Esto incluiría posiblemente la redefinición de sus roles, el aumento de sus atribuciones en la persecución de delitos complejos y la creación de mecanismos de inteligencia y control más efectivos.
Por otro lado, la lucha contra la corrupción exigiría reformas en el sistema judicial, en los órganos de control y en la administración pública. Esto podría traducirse en la creación de nuevas instituciones anticorrupción con mayor autonomía e independencia, la revisión de los procesos de nombramiento de jueces y fiscales para garantizar su idoneidad y probidad, o la implementación de mecanismos de transparencia más estrictos en la gestión de recursos públicos. El objetivo sería desmantelar las redes de corrupción que han permeado las estructuras estatales, debilitando la gobernabilidad y alimentando la impunidad.
Reformar el sistema judicial y fortalecer las instituciones
Más allá de la seguridad, uno de los pilares fundamentales que Noboa busca transformar es el sistema judicial. La percepción de que la justicia en Ecuador es lenta, selectiva y vulnerable a la injerencia política y económica es generalizada. Una Asamblea Constituyente podría proponer una reestructuración profunda, desde la selección y formación de los magistrados hasta la modernización de los procesos judiciales.
Esto podría incluir la revisión de la estructura de la Función Judicial, la redefinición de las competencias de la Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia, y la implementación de sistemas de meritocracia transparentes para el ingreso y ascenso en la carrera judicial. Asimismo, se podría buscar fortalecer la independencia de los órganos de control, como la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General, para que puedan ejercer sus funciones sin presiones políticas.
El fortalecimiento institucional también abarcaría la revisión de otros poderes del Estado. Se podría discutir la estructura del poder legislativo, buscando una mayor representatividad o una mayor eficiencia en la toma de decisiones. Incluso, algunos sectores abogan por un rediseño del sistema electoral para fomentar una mayor estabilidad política y reducir la fragmentación partidista, que a menudo complica la gobernabilidad del país.
Ajustes económicos y sociales
Aunque la seguridad y la institucionalidad son los focos principales, una Asamblea Constituyente inevitablemente abordaría aspectos económicos y sociales. La Constitución de 2008 tiene un marcado carácter garantista en lo social y establece un modelo económico que privilegia la planificación estatal.
En este sentido, los cambios podrían orientarse a generar un marco más propicio para la inversión privada, tanto nacional como extranjera, buscando dinamizar la economía y generar empleo. Esto no necesariamente implicaría una reversión de derechos sociales, sino quizás una redefinición de cómo se garantizan y financian, buscando un equilibrio entre la intervención estatal y la libertad de mercado. Podrían revisarse temas relacionados con la explotación de recursos naturales, la autonomía del Banco Central, la política fiscal o los derechos laborales, siempre con el objetivo de fomentar un desarrollo económico sostenible y equitativo.
Asimismo, se podrían discutir temas relacionados con la educación, la salud y la protección del medio ambiente, buscando una actualización de los derechos y deberes ciudadanos en un contexto global cambiante y con nuevas demandas sociales. La idea es construir un marco que permita a Ecuador enfrentar los desafíos del siglo XXI con una base legal sólida y adaptable.
Las razones detrás del "por qué ahora"
La pregunta sobre el momento oportuno para una convocatoria de esta magnitud es tan relevante como los objetivos mismos. La decisión de Noboa no es fortuita; responde a una confluencia de factores que han creado una ventana de oportunidad y, a la vez, una imperiosa necesidad.
El imperativo de la crisis de seguridad
No se puede subestimar el peso de la crisis de seguridad. Ecuador ha pasado de ser un país relativamente tranquilo a uno de los más violentos de la región en pocos años, con tasas de homicidios que se han disparado y el control territorial de bandas narcotraficantes que desafía la soberanía del Estado. Esta situación ha generado una demanda social abrumadora por soluciones drásticas y efectivas.
El gobierno de Noboa ha respondido con la declaración de un estado de guerra interno y la militarización, medidas que, aunque urgentes, muchos consideran insuficientes si no van acompañadas de cambios estructurales. La idea de que la Constitución actual limita la capacidad del Estado para actuar contra el crimen organizado es un argumento central para la convocatoria. Se argumenta que una nueva carta magna podría proporcionar el marco legal necesario para una intervención más contundente y duradera, sin depender de estados de excepción temporales.
La frustración ciudadana y la búsqueda de un nuevo pacto social
La crisis de seguridad es solo una faceta de una frustración ciudadana más profunda. Décadas de corrupción, inestabilidad política y una percepción generalizada de que las instituciones no funcionan han erosionado la confianza de los ecuatorianos en su sistema político. Esta desafección crea un terreno fértil para propuestas de cambio radical.
La gente está cansada de los problemas recurrentes y busca una ruptura con el pasado. Una Asamblea Constituyente se presenta como la oportunidad de refundar el país, de establecer un "nuevo pacto social" que responda a las expectativas de la ciudadanía. La victoria de Noboa en el referéndum, que demostró el deseo de los ecuatorianos de respaldar medidas contundentes, es un claro indicador de este estado de ánimo. El presidente, consciente de esta pulsión social, busca canalizarla hacia un proceso constituyente que prometa soluciones definitivas.
La consolidación del poder presidencial
Finalmente, no se puede ignorar el factor político. La convocatoria a una Asamblea Constituyente, especialmente tras un éxito electoral, es una herramienta poderosa para consolidar el poder del Ejecutivo y para sentar las bases de un proyecto político a largo plazo. Al tener la capacidad de influir en la redacción de una nueva Constitución, el presidente Noboa podría dejar una huella indeleble en la dirección del país.
Una nueva carta magna podría alinearse más estrechamente con su visión de Estado, facilitando la implementación de sus políticas y el establecimiento de un nuevo orden institucional que respalde su agenda. En un período presidencial relativamente corto (Noboa asumió para completar el período de Guillermo Lasso), esta es una forma de asegurar que las reformas necesarias no queden sujetas a los vaivenes políticos del día a día, sino que se inscriban en la ley fundamental de la nación.
Implicaciones, desafíos y el precedente histórico
La decisión de convocar una Asamblea Constituyente, si bien puede ser vista como una solución audaz, no está exenta de riesgos y desafíos significativos. La historia política de Ecuador y de otros países de la región está llena de ejemplos donde estos procesos han sido tanto constructivos como disruptivos.
Riesgos de fragmentación y el consenso necesario
Uno de los mayores desafíos es evitar la polarización y la fragmentación. Un proceso constituyente es, por naturaleza, un espacio de confrontación de ideas y de intereses diversos. Lograr un consenso amplio en la redacción de una nueva Constitución es fundamental para su legitimidad y durabilidad. Sin embargo, en un país como Ecuador, donde las divisiones ideológicas son profundas y los actores políticos a menudo priorizan agendas particulares, construir ese consenso será una tarea titánica.
Existe el riesgo de que la Asamblea Constituyente se convierta en un campo de batalla político, donde los debates se desvíen de los problemas estructurales para centrarse en agendas partidistas, personalismos o incluso en la búsqueda de reelección. Una Constitución impuesta por una mayoría simple o que no refleje una diversidad de visiones podría generar nuevas tensiones y socavar la estabilidad democrática a largo plazo. La clave estará en la capacidad del liderazgo para generar puentes y asegurar una participación inclusiva.
Asambleas constituyentes previas en Ecuador
Ecuador tiene una rica y, a menudo, tumultuosa historia constitucional. A lo largo de su vida republicana, ha tenido más de 20 constituciones, un número que habla de la constante búsqueda de un ordenamiento ideal y, a la vez, de la inestabilidad política inherente. La última Asamblea Constituyente fue la de Montecristi en 2007-2008, que dio origen a la Constitución actual. Aquel proceso, impulsado por el entonces presidente Rafael Correa, transformó profundamente la estructura del Estado y la relación con la sociedad, concentrando un importante poder en el Ejecutivo y estableciendo un Estado de derechos y justicia.
La experiencia de Montecristi, con su fuerte tinte político y la marcada influencia del gobierno de turno, sirve como un recordatorio de la naturaleza de estos procesos. Si bien logró una nueva carta magna, también generó una profunda división entre quienes la apoyaron y quienes la consideraron una herramienta para la consolidación del poder. El actual proceso deberá aprender de estas lecciones, buscando una mayor amplitud y neutralidad para evitar repetir errores del pasado y asegurar que el nuevo texto sea verdaderamente un "pacto de todos".
La pregunta clave: ¿Es el camino más adecuado?
La historia reciente de América Latina nos muestra que las Asambleas Constituyentes pueden ser tanto una solución como una fuente de nuevos problemas. Aunque la necesidad de cambio es palpable en Ecuador, la ruta constituyente es un camino largo y complejo que exige un liderazgo excepcional y una capacidad de consenso que no siempre abunda en el escenario político actual. Es lícito preguntarse si no existen vías de reforma más rápidas y menos disruptivas para abordar las urgencias actuales.
Algunos argumentarían que una serie de reformas parciales a la Constitución actual, o una profunda reforma legal en el ámbito penal y judicial, podrían ser más eficientes para enfrentar la crisis de seguridad y corrupción sin desestabilizar el marco jurídico vigente. Sin embargo, el argumento de Noboa parece ser que los problemas son tan profundos que solo una "refundación" del Estado puede ser efectiva. A mi juicio, la decisión de convocar una Asamblea Constituyente es un paso monumental que requerirá de una gran responsabilidad por parte de todos los actores políticos y sociales, para asegurar que el fin último sea el bienestar y la estabilidad del país, y no la consecución de agendas particulares.
Conclusión
La convocatoria del presidente Noboa a una Asamblea Constituyente es, sin duda, un momento definitorio para Ecuador. Es una apuesta audaz que busca ofrecer soluciones estructurales a problemas profundamente arraigados, desde la inseguridad hasta la corrupción y la debilidad institucional. El llamado a los 14 millones de ecuatorianos no es solo una invitación a la participación, sino un recordatorio de que la responsabilidad de construir el futuro del país recae en todos.
El camino hacia una nueva Constitución será arduo, marcado por debates intensos, negociaciones complejas y la necesidad imperiosa de construir puentes donde hoy existen muros. El éxito de este proceso dependerá no solo de la visión del Ejecutivo, sino también de la capacidad de los actores políticos para trascender sus diferencias, y de la madurez de la ciudadanía para participar de manera informada y constructiva. La mirada de la región y del mundo estará puesta en cómo Ecuador decide escribir su próximo capítulo, esperando que de este proceso emerja una nación más segura, justa y próspera. La esperanza es que, al final del camino, Ecuador cuente con una carta magna que realmente sirva de cimiento para un futuro mejor para todos sus ciudadanos.