El fútbol en España, más allá de la pasión que despierta en millones de aficionados, es una industria multimillonaria cuyo motor económico principal son, sin duda, los derechos de emisión. Estos derechos, que permiten a operadores de televisión y plataformas de streaming ofrecer los partidos a su audiencia, son la gallina de los huevos de oro para LaLiga y sus clubes. Sin embargo, el reciente planteamiento de LaLiga para la venta de estos derechos hasta la temporada 2031/2032 ha encendido las alarmas del regulador español, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ve en esta propuesta un posible exceso que podría rebasar los límites legales y las normativas de competencia vigentes. Estamos ante una encrucijada que podría redefinir el panorama del fútbol televisado en España para la próxima década, y cuyo desenlace impactará directamente tanto a los gigantes de la comunicación como al bolsillo y las opciones de los consumidores.
El modelo actual y la nueva propuesta de LaLiga
Desde hace años, la comercialización de los derechos audiovisuales del fútbol profesional español se rige por un modelo de venta centralizada, una medida que buscaba garantizar una distribución más equitativa de los ingresos entre los clubes y fomentar la competitividad. Este sistema, impulsado por el Real Decreto-ley 5/2015, ha sido fundamental para la modernización y solvencia económica de muchos equipos. Los derechos se suelen vender en paquetes y por periodos limitados, generalmente de tres a cinco años, para asegurar la competencia periódica entre operadores y evitar monopolios o posiciones dominantes a largo plazo.
LaLiga, bajo la dirección de Javier Tebas, ha demostrado una habilidad considerable para maximizar el valor de sus activos audiovisuales. Se ha posicionado como una de las ligas más potentes del mundo en este aspecto, generando ingresos que superan significativamente a los de otras competiciones europeas de similar calibre, más allá de la Premier League. Sin embargo, la estrategia actual para el periodo 2027/2028 a 2031/2032 introduce cambios que la CNMC considera problemáticos.
La principal preocupación reside en la duración de los contratos propuestos. Mientras que la normativa actual, específicamente el citado Real Decreto-ley, establece un límite máximo de cinco años para la cesión de los derechos audiovisuales de las competiciones, la propuesta de LaLiga buscaría extender este plazo hasta siete u ocho años en algunas de sus ofertas. Esta duración, según el regulador, va más allá de lo permitido y podría tener consecuencias negativas para la competencia en el mercado. LaLiga argumenta, en defensa de su propuesta, que contratos más largos otorgan mayor estabilidad a los ingresos de los clubes, lo que a su vez permite planificar inversiones a largo plazo, mejorar infraestructuras y mantener el talento, elementos cruciales para la competitividad de la liga. Es una perspectiva comprensible desde el punto de vista de la gestión deportiva y económica, pero que choca frontalmente con la legislación de competencia.
La postura de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
La CNMC es el organismo encargado de garantizar la libre competencia y el buen funcionamiento de todos los mercados en España, incluyendo el de los derechos audiovisuales deportivos. Su intervención en este proceso no es nueva; ya en ocasiones anteriores ha emitido informes y ha impuesto condiciones a las subastas de derechos para proteger la competencia. Por ejemplo, en 2021, la CNMC ya estableció ciertas limitaciones y condiciones a la venta de los derechos de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank para el ciclo 2022-2027, aunque en aquel momento la duración de los contratos sí se ajustaba a los cinco años máximos.
El regulador ha manifestado explícitamente que la propuesta de LaLiga de ampliar el período de cesión de derechos hasta 2032 "sobrepasa límites legales". La base de esta objeción es clara: el Real Decreto-ley 5/2015, en su artículo 8.1, establece inequívocamente el plazo máximo de cinco años. La razón de este límite no es arbitraria; busca evitar que un solo operador monopolice el mercado durante un período excesivamente largo, lo que podría reducir las opciones para los consumidores, frenar la innovación y desincentivar la entrada de nuevos competidores.
Argumentos de la CNMC contra la duración extendida
- Restricción de la competencia: Un contrato a largo plazo (7-8 años) blinda a un operador durante casi una década, dificultando enormemente la entrada de nuevos actores o la renegociación de condiciones más favorables para otros. Esto podría resultar en una menor oferta para los consumidores.
- Falta de dinamismo en el mercado: El mercado de los contenidos audiovisuales es altamente dinámico. Tecnologías, modelos de negocio y preferencias del consumidor cambian rápidamente. Un contrato excesivamente largo podría anclar el mercado a condiciones obsoletas y limitar la capacidad de adaptación.
- Impacto en los precios: Una menor competencia suele derivar en precios más altos para el consumidor final. Si los operadores saben que tienen la exclusiva asegurada por un período tan extenso, la presión para ofrecer tarifas competitivas se reduce.
- Innovación limitada: La necesidad de competir cada pocos años impulsa a los operadores a innovar en la presentación, las funcionalidades y la experiencia de usuario. Un contrato a largo plazo podría mermar este incentivo.
- Cumplimiento normativo: La CNMC tiene la obligación legal de asegurar que LaLiga, como agente dominante en este mercado, se ajuste a la normativa vigente, y el Real Decreto-ley es explícito al respecto.
El pulso entre LaLiga y el regulador: ¿quién cederá?
Este no es el primer choque de trenes entre LaLiga y la CNMC, ni probablemente será el último. LaLiga, como cualquier organización comercial, busca maximizar sus ingresos y asegurar la estabilidad financiera de sus clubes. Un ciclo de derechos más largo les daría una mayor visibilidad y predictibilidad financiera, lo que es vital para la planificación estratégica y la inversión. Pensemos en cómo esto puede afectar a la capacidad de los clubes españoles para retener a sus estrellas o competir en el mercado de fichajes con clubes de otras ligas más ricas, como la Premier League. La estabilidad a largo plazo es un argumento potente desde el punto de vista de LaLiga.
Sin embargo, la CNMC representa el interés público en la competencia. Su mandato es proteger al consumidor y garantizar que el mercado funcione de manera eficiente y justa. Si la CNMC considera que la propuesta de LaLiga viola los principios fundamentales de la competencia, es su deber intervenir y, si es necesario, bloquear o modificar la subasta.
Posibles escenarios y mi opinión
- Rectificación de LaLiga: Es el escenario más probable. LaLiga podría verse forzada a retirar las ofertas que excedan los cinco años y reestructurar la venta para ajustarse a la normativa. Esto podría significar ofrecer más paquetes, o paquetes con duraciones diferentes, pero siempre dentro del marco legal.
- Negociación y compromisos: Podría haber un diálogo entre LaLiga y la CNMC para encontrar un punto intermedio. Quizás se puedan establecer ciertas condiciones o cláusulas que mitiguen los efectos anticompetitivos de los contratos a largo plazo, aunque la duración misma es el principal escollo.
- Desafío legal: LaLiga podría decidir desafiar la interpretación de la CNMC en los tribunales, aunque este camino sería largo, costoso e incierto, y podría retrasar significativamente el proceso de venta de derechos.
- Imposición de condiciones por la CNMC: Si LaLiga persiste en su propuesta, la CNMC tiene la potestad de imponer condiciones específicas o incluso prohibir ciertos aspectos de la venta para garantizar la competencia.
Desde mi punto de vista, la postura de la CNMC es fundamentalmente correcta y necesaria. Si bien entiendo la necesidad de LaLiga de buscar la máxima rentabilidad y estabilidad para sus clubes –y no dudo que detrás de la propuesta hay un estudio de mercado y financiero profundo–, la ley está ahí para salvaguardar un bien mayor: la competencia y la elección del consumidor. Permitir contratos de ocho años en un mercado tan dinámico como el audiovisual sería, a mi parecer, una decisión peligrosa que podría enquistar el mercado y limitar seriamente la aparición de nuevas propuestas o la mejora de las existentes. La innovación y los precios justos se benefician de la competencia periódica. Un periodo de cinco años ya es considerable; extenderlo más allá podría ser contraproducente a largo plazo para el propio fútbol español si los aficionados se sienten cautivos o insatisfechos con las opciones disponibles.
Impacto en los operadores y los aficionados
La decisión final sobre la venta de estos derechos tendrá un impacto directo en los operadores de televisión y las plataformas de streaming que compiten por ofrecer el fútbol. Movistar Plus+, DAZN, Orange, Vodafone (que ya no emite LaLiga pero sí en su momento) son algunos de los nombres que suelen estar en esta contienda. Si los contratos son demasiado largos, la barrera de entrada para otros posibles operadores, como Amazon Prime Video, Apple TV+ o incluso nuevos actores que puedan surgir en los próximos años, se eleva considerablemente. Esto limitaría la competencia y, potencialmente, la innovación en la forma en que se distribuye y se consume el fútbol.
Para los aficionados, las consecuencias son igualmente relevantes. Una menor competencia entre operadores podría significar:
- Menos opciones: La capacidad de elegir entre diferentes plataformas o paquetes podría reducirse.
- Precios más altos: Si un operador tiene un monopolio de facto o una posición dominante durante muchos años, tiene menos incentivos para ofrecer precios competitivos.
- Menos innovación: La experiencia de visualización podría estancarse si no hay presión competitiva para mejorar la calidad, las funcionalidades interactivas o los servicios adicionales.
En un momento en que el consumo de contenidos audiovisuales se ha fragmentado y los usuarios buscan flexibilidad y precios ajustados, asegurar la competencia en el acceso al fútbol es más importante que nunca. LaLiga ha explorado y desarrollado nuevas formas de consumo, como LaLiga Pass para el mercado internacional (ver LaLiga Pass), pero es crucial que en el mercado doméstico se mantenga un equilibrio.
El precedente de otras ligas y mercados
No solo en España se libra esta batalla. En otras grandes ligas europeas, como la Premier League inglesa o la Bundesliga alemana, la duración de los contratos también es un tema recurrente. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los reguladores han impuesto límites similares a los cinco años para proteger la competencia. La experiencia internacional demuestra que un mercado dinámico, con oportunidades de renegociación periódica, beneficia a todas las partes, incluso a las propias ligas, al permitirles adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas tendencias de consumo.
Conclusión: un futuro en el aire para el fútbol televisado
La propuesta de LaLiga para la venta de sus derechos audiovisuales hasta 2032 es ambiciosa y responde a una lógica empresarial de búsqueda de estabilidad y maximización de ingresos. Sin embargo, el contundente aviso de la CNMC pone de manifiesto que estas aspiraciones deben enmarcarse estrictamente dentro de los límites legales y las normativas de competencia. El artículo 8.1 del Real Decreto-ley 5/2015 es claro en cuanto al plazo máximo de cinco años, y la misión del regulador es hacer que se cumpla.
Estamos, por tanto, ante un pulso que determinará no solo la forma en que el fútbol español se verá en los hogares durante la próxima década, sino también el equilibrio entre el poder económico de las ligas y la necesidad de proteger la competencia y al consumidor. Mi pronóstico es que LaLiga, finalmente, deberá ceder y adaptar su propuesta para cumplir con la legalidad vigente. De no hacerlo, se enfrentaría a un proceso contencioso que solo serviría para alargar la incertidumbre y dañar la imagen del fútbol español. El fútbol es más que un negocio; es un fenómeno social que debe ser accesible y justo para todos. Este es un punto crucial para entender el papel de la CNMC en la venta de derechos, como se puede consultar en sus informes de competencia.
La transparencia y la competencia en la venta de los derechos son esenciales para la salud a largo plazo del ecosistema del fútbol. Esperemos que prevalezca la sensatez y que se encuentre una solución que beneficie tanto a los clubes como, y quizás más importante, a los millones de aficionados que esperan disfrutar de su deporte rey sin barreras injustificadas o precios abusivos. Es vital que el sector de los medios de comunicación y el fútbol profesional trabajen de la mano, pero siempre bajo el paraguas de un marco legal que fomente un mercado competitivo y beneficioso para el usuario final. Para más información sobre el Real Decreto-ley 5/2015, se puede consultar el BOE. La tensión entre generar ingresos y garantizar la competencia seguirá siendo un tema central en los años venideros, como ya se vio en previos análisis de mercado (Dazn y Movistar se reparten el fútbol).